Desconocer que en el Ecuador se consumen drogas ilegales es altamente irresponsable.
La política pública tiene que reconocer que en Ecuador se consumen drogas ilegales, es un hecho social y una realidad desde donde deben partir las definiciones y la toma de decisiones responsables.
El estado ecuatoriano debe apropiarse de la definición del problema social con las drogas.
Sabemos que las drogas pueden ser un problema, sin duda. Nadie está eludiendo ese debate pero hay que redefinir el tema sin dejar que se contamine de inseguridad y crimen organizado.
Cuando el Ecuador decide en materia de políticas públicas de drogas, casi siempre pliega a los imaginarios sociales de la antigüedad y evitan hacer algún tipo de pedagogía social, una de las principales funciones de gobiernos responsables.
Cannabis
Hay que comenzar a retejer el mercado de regulación del cannabis. Creo que la posibilidad de que la legislación ecuatoriana apruebe el uso de cannabis con fines medicinales puede estar próxima pero hay que tener cuidado y saber distinguir si se trata de una conquista ganada o cedida.
Si bien muchos actores sociales pueden ver la eventual regulación del cannabis para fines medicinales como una conquista, esta sería una conquista cedida pues consistiría en una autorización que hace el estado para las personas que padecen ciertas enfermedades.
Hay que vigilar el discurso social, político y mediático que se entabla con el Estado para convertir la lucha en una conquista ganada y a mediano o largo plazo, conquistar el tema recreativo.
El cannabis medicinal no puede convertirse en la renuncia a una bandera para ceder la lucha por el cannabis para uso recreativo.
Quienes hablan de licencias para producir cannabis medicinal usualmente se decantan por el tema adelante pero con ese límite pues rechazan cualquier posibilidad de regular el mercado cannábico con fines lúdicos o recreativos, es decir, siguen viendo a la regulación del mercado de la autonomía de la voluntad y de libre desarrollo de la personalidad como un factor pernicioso.
En la lucha, a veces la terminología cuenta: “legalización” asusta mas que “regulación” y “marihuana” asusta más que “cannabis”.
En el fondo, hay formas de ganar en el tema de derechos humanos mediante la selección del léxico. El lenguaje juega un rol importante a la hora de vender un producto. En este caso, el producto es una lucha.
La palabra “marihuana” está un poco vulgarizada y evoca calle mientras que cuando se dice “cannabis” se apela a una atmósfera de ciencia. A mi personalmente me da igual, la llamo de las dos formas.
Cosechando marihuana.
Feria Cannábica GYE.
Cogollos en THCity.
Hay dos temas que entran en disputa, por una parte el nivel cognitivo del legislador en temas de THC, CBD y afines para poder, primero, apropiarse del tema y dirigir los debates en la dirección correcta y por otro lado está la pedagogía social que el estado debe hacer para hablar de drogas.
La Asamblea hace poco entró en la discusión sobre el proceso de regulación del cannabis para fines terapéuticos.
A partir de ahí se inicio el debate sobre las posibilidades de regular el cannabis en los distintos espectros que cubre la parte medicinal.
El enfoque que le están dando los Asambleístas peca de mucha verticalidad y poca horizontalidad pues el “mercado medicinal” fomenta un rol de exclusión.
Algunos aspectos de los mercados cannábicos terapéuticos regulados de América Latina terminan privilegiando a corporaciones internacionales y a farmacéuticas que venden cannabis a quienes lo necesitan para fines paliativos, cáncer, etc. Es decir, se privatiza el mercado del cannabis y eso es un serio problema.
En el país estamos corriendo el riesgo de terminar privatizando el enfoque medicinal y verticalizando aún más la relación con los médicos que podrían recetar cannabis medicinal.
Cuando en Ecuador hablamos de la posibilidad de regular el cannabis medicinal, hay una puerta que no se ha abierto: que a mediano o largo plazo podamos hablar de una regulación total de un mercado de cannabis.
Regular el cannabis medicinal no significa entregar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de la voluntad. Y por qué no, a una salud pública que no este sujeta a la ortodoxia médica. Significa permitir la participación ciudadana, el autocultivo, y que el estado juegue un rol de evitar la privatización de productos como aceites de cannabis.
Hay que evitar que el tema del cannabis medicinal también caiga en lógicas de domino de mercado donde solamente el marihuanero rico puede comprar a un aceite de cannabis para su salud frente a un usuario pobre.
El asunto puede acabar incluso estigmatizando usuarios con registros y otras tácticas como proponen ciertos sectores de la política guayaquileña.
Si la cosa irá por ahí, el mercado negro de cannabis sufrirá poco.
Prohibicionismo
Hay que empezar distinguiendo entre consumo y tráfico. Para la lectura legal, esto no está claro porque basta con tener o consumir la droga para ser catalogado como traficante.
Poco o nada le importa al Estado, a la Policía y a los jueces y fiscales saber si era un consumidor o no.
Todo lo que tenga que ver con consumo está asociado a la prohibición. Esto a su vez está inserido en un mensaje de alguna medida hasta religiosa: la droga es prohibida, no se puede tocar…
Por eso la mayoría de personas detenidas en el sistema penal ecuatoriano y latinoamericano está tras las rejas por cargos de posesión, ni siquiera por una relación probada con redes de tráfico.
En Ecuador se asocia y se cree que la simple posesión es tráfico.
En el Ecuador, cuando pensamos en drogas, pensamos en crisis y catástrofe, pero estas son descripciones huecas con significantes vacíos que fácilmente son cooptados desde el lado negativo.
Hay que notar que en promedio, en América Latina tenemos un 40-45 % de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas, lo que confirma que, al final, como causas próximas, terminamos trabajando de una forma u otra en favor del prohibicionismo.
Eso genera un fenómeno desordenado a la hora de entender qué es droga, pues se la asocia con desórdenes, enfermedades, insalubridad, narcotráfico, blanqueo de capitales, sobredosis y consumo mortal, entre muchas otras cosas.
No cabe duda que de los presos que están por drogas en el país, la mayoría son hombres.
Pero llama la atención que del total de mujeres presas en el Ecuador, más del 70% están por delitos relacionados con drogas.
Activismo desde la Casa Pukará
Mercado
En Ecuador, como en otros países, hay diferencias entre los mercados de consumo de drogas como la pasta base de cocaína y los mercados que giran alrededor del cannabis ya que la pasta base está muy caracterizada en los sectores populares urbano marginales de Quito y Guayaquil, por ejemplo, donde las mujeres juegan un rol importante.
Una buena parte de las mujeres que se dedican al expendio de pasta base y que a su vez la consumen tienen situaciones sociales fruto del abandono, desestructura familiar o prontuarios policiales que dañan sus chances de conseguir un trabajo que las mantenga a ellas y a sus dependientes.
Al final solo les queda esa especie de trabajo informal. Ese microtráfico es una especie de trabajo informal, una forma de sobrevivir.
En el país, los mercados de pasta base son más atrapantes y más violentos que los de la marihuana. Eso revela un punto de vista interesante en la relación mujeres y consumo frente a la pasta. Eso debería despertar alertas graves en el sistema de salud del Ecuador.
Consumos
No se puede hacer un censo exacto para saber las actitudes o hábitos del consumo de drogas ilegales en Ecuador. Lo que se puede hacer es un muestreo a partir de señales, a partir de lo que se entiende por ilegalidad.
Hay ahí un agente intermediario que es el discurso de la ilegalidad, que ubica en la sociedad civil a la relación con el consumo como un factor de crimen, es decir, como un delito.
En Ecuador no hay claridad en la determinación sobre si los hombres consumen más drogas en proporción que las mujeres.
Por ejemplo, estudios en México indican que las mujeres consumen más marihuana en ese país que los hombres.
Esto me genera dudas sobre si las encuestas en Ecuador son los suficientemente profundas para determinar relaciones y tendencias de consumo en materia de género.
Por ahora lo único que tenemos son cifras sobre privación de libertad.
Microscopio para observar tricomas. Colectivo Yo Soy CRIC, Riobamba. 2018
No es verdad que en nuestro país tiendan a consumir drogas legales en lugar de las ilegales, sino que en cualquier de las dos formas, las drogas están ampliamente disponibles y repartidas por clases sociales, con la diferencia entre lo que puede consumir un rico y lo que puede consumir un pobre.
Por ejemplo, en Ecuador —como en otros países — la escena electrónica está permeada por las anfetaminas o LSD en detrimento de drogas como la pasta base de cocaína, que esta más repartida en sectores populares, sobre todo de la Costa, donde hay mercados más violentos frente al del cannabis, que es más tranquilo, que está de moda y que tiene presencia más marcada en las universidades.
Sobre los estudios de prevalencia del consumo que hacía la extinta SETED, tengo muchas dudas metodológicas porque parten de algunos problemas como el acercamiento epistemológico a la hora de hacer la encuesta.
Por ejemplo, existen preguntas así: ¿cuál es la primera droga que usted consumió en su vida?.
Esta pregunta es muy abierta y poco concreta pues el consumo de una droga por primera vez no está atado o generalmente asociado a la dualidad de los significados de legal o ilegal.
Pero parecía que el peso de la pregunta estaba en busca de la droga ilegal cuando un consumo de drogas puede iniciar en las legales.
Medios
Veo a los medios ecuatorianos como aparatos de propaganda de las agencias de seguridad y fiscalización.
Los discursos que producen los medios en Ecuador generan imaginarios sociales que siguen la dirección drogas — actor criminógeno — consumidor criminal — delincuente. Esa secuencia está bien arraigada en nuestro pueblo.
Los medios de comunicación juegan un rol que agrava esas definiciones, pues cuando ves en los medios a alguien hablar de drogas, hacen siempre la distinción entre drogas ilegales y alcohol y tabaco como si los dos últimos no fuesen sustancias potencialmente adictivas y/o psicoactivas.
Cuando tratan el tema lo conectan con criminalidad organizada. Por eso es que todos los días hay noticias sobre detenidos, incautaciones y confiscaciones en materia de droga.
Eso alimenta ese imaginario social que perpetúa la negatividad de la palabra “droga” y mantiene el discurso de lo clandestino y de lo que está al margen de la ley y por tanto si corresponde a lo prohibido.
Los medios no desempeñan ese papel solos. Las agencias y organizaciones estatales también lo hacen.
Entre ellas la que más se destaca es la policía, el personaje más importante en las noticias sobre drogas porque la institución se juega su reputación en el número de detenciones, incautaciones y en la magnificación de un trabajo supuestamente heróico en la lucha contra el narcotráfico. Así se los muestran, desempeñando un trabajo antidrogas eficiente.
El resultado es que al perpetuarse este modelo el Estado queda arrinconado y víctima de sus propias definiciones y discursos. Este es un problema de comunicación política entre los actores que trabajan el tema de drogas ilegales.
Necesitamos apropiarnos de esa comunicación política que actualmente depende de actores económicos y mediáticos que venden noticias que combinan con esos sentimientos populares.
El Ecuador es mayormente un lugar de tránsito de drogas como el cannabis o la cocaína, pues el país está cooptado por los carteles.
Esa realidad, seguida de cerca por los medios, vende más fácilmente contenidos.Uno se imagina la realidad conforme se la ve retratada (interpretada) en los medios de comunicación.
Por eso, lo que popularmente entendemos por realidad es así por las narrativas de los medios de comunicación. Siguiendo esa línea, la realidad sobre las definiciones de drogas está intermediada por los medios de comunicación.
Para los medios ecuatorianos, las drogas ilegales son el peor problema del mundo, una catástrofe sin fin y por eso la cubren a la droga con los verbos más fuertes posibles.
Tratan a las drogas ilegales como una realidad social negativa que para un legislador, por ejemplo —dependiendo de cómo lo aborda— le puede valer más o menos votos futuros.
Así, el debate sobre la regularización de drogas terapéuticas en términos legislativos tiene que atravesar esos problemas, pues es un tema impopular para los legisladores; esa es la verdadera pedagogía social que deben hacer en sus organizaciones políticas y en las comunidades que quieren representar.
Hay que ser astuto, pues lo que en el pasado algunos medios tildaban como Crónica Roja ahora lleva términos más elegantes como Seguridad o Justicia.
BIO
Jorge Paladines es un abogado costeño especializado en la relación entre presos, sistemas penales y encarcelamiento por drogas. Ha trabajado en la evaluación de políticas de drogas y ha sido docente de las cátedras de criminología y sistemas penales en la Universidad Andina y en la U. Central. Es miembro por Ecuador del Colectivo Drogas y Derechos. Ahora cursa estudios doctorales en Alemania.
