Buscamos la aplicación de un modelo de intervención interinstitucional para prevenir el delito, uso y consumo de drogas #YoVivoSinDrogas #EcuadorTerritorioDePaz.
Este tuit de la Policía Nacional del Ecuador publicado hace algunas semanas resume de alguna forma todo lo que está mal con la manera en la que el Ecuador habla sobre drogas. Comunicaciones digitales como esa —que muchas veces dan la pauta para que los medios cubran drogas como una escoria social — han hecho que el periodismo ecuatoriano sobre sustancias se haya convertido en una vejación paralizante de la psique nacional.
En la prensa nacional, la fórmula editorial para cubrir drogas está bien ensayada. De acuerdo con ésta, un cargamento de sustancias prohibidas es interceptado por las autoridades, quienes lo comunican y ponen a disposición de los reporteros y fotógrafos en un montaje en el que ambas partes se benefician: la policía mostrando cómo cumplen con su deber de protección ciudadana; los periodistas refrendando contenido noticioso de fácil digestión.
En esa simbiosis fluyen líneas discursivas atacadas de lugares comunes y un léxico que enciende las alarmas. “Decomiso”, “delincuencia”, “narcotráfico”, “fiscalía” y “toneladas”, entre muchas otras, son palabras que inundan los contenidos de medios audiovisuales, gráficos y radiales en el país.
¿Por qué es necesario repensar la cobertura sobre drogas en los medios ecuatorianos? Porque como sociedad seguimos perpetuando la neurosis asociada a que su producción y consumo son escorias que socavan nuestro desarrollo y hasta nuestra supervivencia social. Y hace falta pensar y tratar de entender mejor de qué estamos hablando.
“Queremos entender cómo las drogas afectan a la sociedad en el día a día”, dice Alejandra Sánchez de Dromómanos, una productora que investiga y coordina proyectos periodísticos relacionados en parte con la cobertura de drogas. Allí la incidencia de las nuevas narrativas periodísticas va más allá de “encontrar hilos negros” en los relatos. “Se trata de pensar y aplicar investigaciones periodísticas exhaustivas que ofrezcan nuevas perspectivas”, explica Alejandra en conversación desde Bogotá.
La obsesión del conjunto de la prensa ecuatoriana al abordar los fenómenos sociales y culturales conectados con las drogas ilegales basados en los discursos oficiales —hasta cierto punto, no es extraño— pues ningún editor puede pasar por alto el impacto de cubrir una pauta sobre drogas desde lo criminal y lo policiaco.
Hace algunas semanas el diario El Universo publicó información oficial del Ministerio de Gobierno sobre las 29,70 toneladas de droga de nueve coordinaciones zonales y tres oficinas técnicas que habían sido destruidas según el procedimiento. Días antes, el portal Primicias contaba que los crímenes violentos en el país aumentaron 41% con relación al 2020 por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales por el control de las rutas del narcotráfico.
¿Qué similitudes guardan este tipo de coberturas? Una surge como la principal: la propagación del miedo y el mantenimiento de un status quo prohibicionista como métodos de hacer periodismo. La cobertura sobre tráfico, venta y consumo de drogas ilegales es una de las rutinas más denigrantes del circuito periodístico nacional.
Es denigrante con las audiencias de medios, con los consumidores y con las personas que acaban presas por vender para subsistir por la simplicidad, malicia, agresividad y poca imaginación con la que realiza y se perpetúa en los medios, especialmente en la televisión.
Los medios de comunicación —como formadores de percepciones y vehículos de transmisión de las ideas que modelan nuestra sociedad— tienen una enorme responsabilidad y son los principales culpables de la formación de nuestra mentalidad colectiva con respecto a las drogas, aquellas “cosas” que, en la mente de muchos, no deberían ni existir.
Solo ahora, en plena crisis carcelaria, algunas voces han planteado lo evidente: castigar indiscriminadamente la posesión y consumo de drogas ilegales solo empeora el hacinamiento carcelario y la violencia interna. Una gota de sensatez en un pozo discursivo contaminado desde hace años por el discurso mediático prohibicionista. Sin embargo, la comunidad periodística nacional aún está lejos de hacer un viraje hacia narrativas, imágenes y discursos más informados.
El fetiche de la prensa ecuatoriana por cubrir drogas desde el temor y el castigo está intacto. Extrañamente, también está ahí el encanto de las audiencias latinoamericanas de televisión por series sobre capos del narcotráfico, sus amantes y sus extravagantes aventuras criminales.
Pero seamos justos, pues esta costumbre rebasa las fronteras del país. Así lo cuenta Alice de Souza, periodista brasileña en la escuela y agencia de periodismo Enois y en Retruco, un medio pernambucano especializado en coberturas independientes. “Veo que en la prensa brasileña la pauta periodística sobre drogas está sumamente relacionada con la prohibición y el crimen donde la policía invita a la prensa a ver su labor cuando, por ejemplo, alguien muere de manera violenta”.
En Colombia, un país con problemas similares a los de Ecuador en cuanto a coberturas periodísticas viciadas, muchas veces la situación no es mucho mejor. Adriana Muro de Elementa, una organización de la sociedad civil con sedes en Colombia y México para el fortalecimiento regional de los derechos humanos, ha visto de todo.
“En el caso colombiano hemos visto, por ejemplo, cómo sentencias favorables para usuarios de drogas acababan en titulares de prensa sumamente estigmatizadores y discriminatorios”. De ahí surge su propuesta de desintoxicación de narrativas donde abundan la criminalización, el racismo y los lugares comunes, características del enfoque bélico que ha traído la guerra contra las drogas a los contenidos sobre drogas en la región.
El Ecuador necesita revisar de manera urgente cómo está consumiendo noticias e información relacionadas con las drogas. Y esa tarea involucra al gobierno central y seccionales, a las fuerzas de control del orden público y a los medios de comunicación. En el país, el periodismo emprendedor ha constatado que existe una demanda por coberturas, ángulos y personajes novedosos en las narrativas de drogas. Una prueba es la apertura de audiencias digitales de nuevos medios a contenidos relacionados con, por ejemplo, la regulación del cannabis como medicina y oportunidad de desarrollo industrial.
Nuevas camadas de periodistas independientes y medios alternativos que navegan las narrativas sobre drogas conviven con un panorama mediático obtuso y punitivo digno de la década de los treinta. Las audiencias lo han podido ver, por ejemplo, en la polémica propuesta del gobierno de eliminar la tabla de consumo de drogas, un instrumento a disposición de los jueces para evitar criminalizar —con la lógica de una línea de ensamblaje— a usuarios de sustancias prohibidas y así, supuestamente evitar la sobrepoblación carcelaria.
La posible eliminación de la tabla es un asunto problemático, sobre todo en plena crisis del sistema carcelario. Sin embargo, la política pública del gobierno al respecto está clara: más castigo equivale a menos consumo de droga y esto, a su vez, equivale a mayor paz social.
El problema principal no es la ignorancia del ejecutivo o el caso omiso a la evidencia que indica consistentemente, una y otra vez, que perseguir y castigar no reduce los consumos ni repara vidas. El principal problema pasa por la falta de políticas de reconciliación social, reparación y atención de salud para la población, combinada con una nula apertura de la política a garantizar derechos humanos básicos para consumidores problemáticos y no problemáticos de drogas.
“Eliminaremos la tabla de consumo de drogas, que ha promovido el narcotráfico en las escuelas y colegios del Ecuador. Vamos a proteger el futuro de nuestros niños y jóvenes”. Esas son las palabras de Guillermo Lasso y son, al día de hoy, el resumen de una triste realidad: en Ecuador no hay un modelo de política pública para combatir al crimen organizado. Lo que hay son chivos expiatorios por todo lado. “El gobierno no tiene absolutamente nada contundente en materia de drogas”, dice el investigador Jorge Paladines.
La ministra Vela piensa que los problemas de seguridad se arreglan con la violación de derechos humanos básicos. Y en ese contexto —psiquiatras a la carta, tontos útiles y opinólogos de la moral religiosa que todo lo saben— han estado prestos a alimentar la ignorancia de quienes manejan el Estado.
“Aparte de la eliminación de la tabla, se debe trabajar en la prevención de que jóvenes se conviertan en adictos a las drogas”, dijo hace algunas semanas el arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera.
Para Paladines, el gobierno de Lasso no entiende nada y confunde la tabla de consumo, que es una guía de umbrales con categorías punitivas. “Cualquier Estado de Derecho decente tiene umbrales y parámetros que garantizan los derechos de consumidores (…) no son recetas ni herramientas de lucha contra el crimen organizado”.
Un error conceptual que, sorprendentemente, ha sido criticado por ciertos sectores de la prensa que siempre ha privilegiado la cobertura policial y homicida sobre drogas como Teleamazonas o Plan V.
A pesar de que la apertura de un gobierno como el actual al cannabis como medicina es importante, el discurso oficial del gobierno (y de todos los anteriores) siempre ha replicado los mismos lugares comunes y verdades acomodadas para evitar hablar del problema real que está detrás.
Es importante remitirse a la evidencia que ya existe pues gran parte del problema de la agenda mediática de drogas es que reproducen discursos oficiales sin evidencia. Y los discursos oficiales son un componente neurálgico del problema en nuestras sociedades. “Todo el tiempo los medios colombianos replican el discurso oficialista sin ningún tipo de crítica y publican al pie de la letra lo que dicen las autoridades”, dice Alejandra. Eso deriva en un monopolio de la descripción o explicación de la realidad. Eso es manipulación.
“En países como Colombia y Ecuador, la regla general a la hora de cubrir drogas debería ser dudar del discurso oficial”, dice Adriana de Elementa. En Colombia, por ejemplo, la cobertura sobre los cultivos de hoja de coca es un tema recurrente y al que se le dedica mucho tiempo en los medios. Allí, sentencias en los titulares como Colombia está inundada de coca ó Los narco cultivadores están arrasando con el país, son frecuentes. “¿Dónde está la evidencia concreta?”, se pregunta.
El lenguaje estigmatizador y sin derecho a debate del Estado refleja un desprecio por la evidencia. “Buscar la evidencia y cuestionar al Estado es responsabilidad de los medios. Si el Estado entrega informes oficiales que indican que han aumentado exponencialmente las hectáreas de coca, nadie verifica”.
En Ecuador, Lasso, la ministra Vela y sus asesores plantean que el tráfico de drogas en escuelas y colegios es una amenaza creciente por la existencia de la tabla. ¿De dónde sacan esa conclusión?, ¿dónde están los datos duros al respecto?, ¿quién lo verifica?. La existencia de extensiones de tierra para el cultivo de hoja de coca o de marihuana no es el eje periodístico que nuevas audiencias digitales buscan de sus proveedores de contenido.
Sí lo es entender y analizar las formas en las que el régimen prohibicionista que vivimos afecta a la seguridad pública, la salud, los derechos humanos y las libertades individuales.
En ese sentido, el gobierno ha usado la presente crisis carcelaria como arma arrojadiza para continuar con sus justificaciones para la violación de derechos humanos con la declaración del estado de emergencia como supuesta herramienta eficaz para la protección ciudadana de la violencia creada por el tráfico de drogas. Sobre reformas que de alguna manera combatan el régimen prohibicionista, nada.
Dale click a la imagen o descarga aquí el “Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador” realizado por Kaleidos.
De acuerdo con el informe titulado “Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador” (descarga aquí el pdf) de octubre de este año elaborado por Kaleidos – Centro de Etnografía Interdisciplinaria, el discurso oficial y mediático insiste una y otra vez en que el incremento de la violencia penitenciaria en 2021 es el resultado de una guerra entre bandas prisioneras conectadas con organizaciones criminales internacionales, y hay que prestar atención a la relación entre la economía política del narcotráfico y el sistema penitenciario.
“[…] mientras más punitiva es la legislación más hacinamiento se genera en las prisiones”.
— Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador, Kaleidos
Según el informe, es pertinente considerar que el Estado ha jugado un papel significativo en la organización del crimen dentro de las cárceles y agrega que “en la primera década de los 2000, el sistema penitenciario ecuatoriano era funcional a la “guerra contra las drogas” impulsada desde Washington”.
La relación de causalidad entre prohibicionismo punitivo y crisis humanitaria en las cárceles es asunto superado en las investigaciones sociales y académicas. Que la política acate la evidencia ha probado ser más complicado. El informe agrega que los delitos relacionados con drogas constan como la infracción de mayor frecuencia (28.1%) en las cárceles del Ecuador y remata así:
“Se ha documentado en varias investigaciones que el encarcelamiento por delitos relacionados al tráfico de drogas produjo un sobrepoblamiento de las cárceles en la Región Andina desde que ésta se sumó a la Guerra contra las Drogas. Esta tendencia fue igual en Ecuador, mientras más punitiva es la legislación más hacinamiento se genera en las prisiones”.
Como último dato desolador, el informe aporta datos que dan cuenta del profundo impacto que las políticas prohibicionistas punitivas han tenido en el hacinamiento carcelario al enfatizar que la tasa de encarcelamiento en Ecuador a través de los años por cada 100.000 habitantes ha pasado de 57.6 en 1972 a 220.5 en el 2020, con un incremento significativo entre el 2016 y el 2017 de 159 a 214. Estas cifras y otras extraídas del informe son una vergüenza nacional; y nada apunta que vayan a bajar en el futuro cercano.
Dale click a la imagen o descarga aqui el kit de herramientas para desintoxicar las narrativas sobre drogas realizado por Elementa DDHH.
Nuevas narrativas sobre usos responsables de drogas, la creciente popularidad de sustancias psicodélicas entre jóvenes e incluso sus posibles aplicaciones terapéuticas para combatir cuadros de alcoholismo o depresión están completamente ausentes en la agenda periodística nacional. Ante esto, la pregunta que nos surge es: como prensa, ¿cómo podemos hablar y cubrir sin prejuicios un tema que atraviesa muchas áreas de la vida personal y social de los ecuatorianos?
En una conversación con Ramón Campos de la Fundación Gabo, organización que promueve nuevas narrativas sobre drogas en el periodismo latinoamericano, éste explicaba que muchas veces el análisis periodístico le echa la culpa a las drogas y que en el debate mediático siempre son las culpables.
Y en Ecuador, los periodistas y los medios para los que escriben son muchas veces víctimas inconscientes de la “guerra contra las drogas”, como muestra un editorial publicado hace poco por El Universo titulado Drogas ilegales, una amenaza creciente, plagado de estadísticas vagas y presunciones de la era de las cavernas o una vergonzosa nota de diario La Hora titulada Consumo de drogas, un tema que se sale de control, donde el diario alcanza un bajo histórico en cuanto a seriedad y rigurosidad.
“Ante esa costumbre, una solución básica y obvia es el periodismo de calidad. Si es que hablamos de drogas, abordemos qué son, qué efecto tienen y de dónde vienen. Todo el tiempo salen nuevas y casi siempre no se sabe mucho sobre ellas”.
Alejandra lo apoya al decir que la prohibición ha afectado la agenda mediática en Colombia. “En nuestros países aún sabemos muy poco sobre la psilocibina, los hongos, el LSD o la propia cocaína (…) no sabemos mucho más allá de que son sustancias prohibidas pues nunca se ha podido tener una nueva perspectiva periodística de investigación a través de la ciencia o de la salud”.
Hay nuevas audiencias para nuevas narrativas. Y en ese contexto, el trabajo de proyectos periodísticos como Mutante de Colombia han marcado una nueva rutina para hacer este tipo de periodismo. Elizabeth Otálvaro no quiere perder la pista sobre cómo hacerlo.
“El objetivo de Mutante es subvertir una idea tradicional del periodismo donde el reportero le entrega a su audiencia una información casi estática como el punto final. El periodista va y hace su investigación para luego echar una cantidad de datos a una audiencia. Nosotros creemos que el reportaje es el punto de partida, no el final”.
La idea trastoca la rutina de la redacción mecánica. “En el momento en que planteamos una discusión pública en la que estamos dispuestos a escuchar las interpelaciones y preguntas de nuestra audiencia para combatir vacíos de información estamos en la vía de lo que queremos”.
Cubrir drogas es una tarea complicada, especialmente en países como Ecuador. Sin embargo, la posibilidad de ampliar el repertorio periodístico al respecto abre oportunidades para generar nuevas historias relacionadas con el ejercicio de derechos humanos, la protección del medio ambiente, el desarrollo de políticas públicas y el fomento de nuevas industrias apoyadas en datos, reportería de calidad y nuevos personajes, entre muchas otras. En ese sentido, un periodismo serio sobre drogas privilegia el conocimiento y el debate abierto frente al control, el miedo y el castigo.
“Cuando las personas descubran la fuente de alegría que es investigar y aprender una cosa no sabida, se darán cuenta de que hasta el orgasmo será una broma en comparación con la permanencia, la solidez y la seguridad que da para un ser humano la capacidad de saber.»
— Antonio Escohotado
